Desde la caída de la dictadura militar en marzo de 1990, el proceso político chileno se estructuró como un traspaso de poder cuidadosamente administrado. La transición no fue una ruptura, sino una continuidad pactada: el mando pasó a autoridades civiles bajo condiciones fijadas por el propio régimen saliente, que aseguró la permanencia de sus estructuras jurídicas, militares y económicas. Ese pacto inicial definió todo lo que vino después.
En ese marco se levantaron comisiones de verdad, instancias de justicia parcial, mesas de diálogo y acuerdos políticos que ofrecieron reconocimiento simbólico, pero delimitaron estrictamente el alcance de la justicia penal. La verdad se institucionalizó, pero se volvió negociada; la justicia se volvió restringida. El Estado reconoció el daño, pero evitó confrontar de manera frontal a los responsables y a las instituciones que sostuvieron el aparato represivo.
Las reformas posteriores ampliaron ciertos espacios democráticos, pero no alteraron la estructura de clases ni desmontaron el racismo institucional que venía consolidándose desde mucho antes del golpe. La transición preservó la arquitectura social heredada: concentración económica, segregación territorial, desigualdad estructural y marginalización de pueblos originarios y sectores populares. Se avanzó en reconocimiento, pero no en transformación; se abrió el espacio público, pero se mantuvieron los límites del poder; se habló de reconciliación, pero se evitó la confrontación con las raíces del conflicto.
Ese diseño —la transición pactada, la administración del pasado, la preservación de los enclaves autoritarios y la continuidad del orden social heredado— permitió que el fascismo chileno no solo sobreviviera, sino que permaneciera operativo. No desapareció con el fin formal de la dictadura: quedó incrustado en instituciones, doctrinas, redes económicas, aparatos de seguridad y en una cultura política que nunca fue desmontada. La ausencia de una ruptura real y la renuncia a una justicia plena consolidaron un escenario donde el fascismo pudo reorganizarse, adaptarse y esperar. La transición no lo derrotó: lo administró. Y al administrarlo, lo preservó.
Con el tiempo, este entramado encontró asistencia externa —financiera, ideológica, comunicacional— que reforzó su capacidad de adaptación. La globalización de discursos autoritarios y la articulación de redes transnacionales de extrema derecha ofrecieron al fascismo chileno un nuevo repertorio de legitimación y un conjunto de aliados. Así, su reaparición no es un accidente: es la consecuencia directa de una transición que nunca desmontó sus bases, de un Estado que mantuvo intactas sus jerarquías y de una sociedad moldeada durante décadas para tolerar su presencia. El fascismo chileno no vuelve: emerge desde lo que nunca se deshizo.
En este punto se vuelve imprescindible nombrar lo que suele evitarse: "muchos de quienes lucharon codo a codo durante la dictadura —militantes, dirigentes, cuadros sociales, referentes comunitarios— fueron quienes, con el tiempo, se transformaron en administradores dóciles de la nueva realidad". No porque carecieran de historia, sino porque la transición los empujó hacia un lugar donde la supervivencia política exigía renunciar a la confrontación con el poder real. La derrota militar del régimen no se tradujo en una derrota ideológica del fascismo, y en ese vacío una parte de la antigua militancia se acomodó. Lo que antes era resistencia organizada se convirtió en gestión institucional, en pragmatismo, en un lenguaje político que dejó de nombrar al enemigo.
Ese desplazamiento produjo una figura nueva: "el entreguismo político". No es solo la renuncia a la confrontación; es la aceptación de las reglas del orden heredado. Es la transformación del militante en operador, del combatiente en funcionario, del sujeto político en gestor de una democracia diseñada para no tocar los pilares del poder. Y junto a ese entreguismo aparece el abandono de la lucha antifascista. No porque el fascismo haya desaparecido, sino porque se volvió incómodo nombrarlo. Se prefirió hablar de “gobernabilidad”, de “estabilidad”, de “madurez democrática”, mientras las estructuras autoritarias seguían intactas y el fascismo chileno encontraba las condiciones para reorganizarse.
La paradoja es brutal: quienes alguna vez arriesgaron todo para enfrentar la dictadura, hoy —en muchos casos— se convierten en garantes de un orden que permite su retorno. "Y aquí se establece el principio central del ensayo: con el fascismo no se negocia. Negociar con él es traición." Traición a la memoria de quienes resistieron, traición a las comunidades que siguen viviendo bajo vigilancia, traición a la posibilidad misma de una democracia que no sea una administración del pasado autoritario.
Uno de los elementos más decisivos de la dictadura fue el avance sistemático del colonialismo estatal sobre las organizaciones y las tierras indígenas. No se trató solo de represión militar: fue una política de ocupación, desplazamiento y control territorial que buscó desarticular las formas de vida y las estructuras comunitarias de los pueblos originarios. Para estas comunidades no hubo justicia en la transición. La caída del régimen no significó la caída del colonialismo. El Estado que emergió después de 1990 mantuvo intactos los dispositivos de vigilancia, las lógicas de intervención y las estructuras jurídicas que permiten criminalizar la defensa del territorio. La democracia heredó la arquitectura del control.
Por eso, al igual que ayer, estas comunidades siguen viviendo bajo un estado de excepción permanente, aunque no siempre se nombre como tal. La presencia policial y militar en sus territorios, la supervisión armada, la intervención administrativa y la judicialización de sus demandas no son anomalías: son la continuidad de un orden que nunca se desmontó. El país que hoy se llama democrático opera, en estos territorios, con las mismas doctrinas de seguridad y la misma lógica de ocupación que se consolidó durante la dictadura.
"La democracia chilena, en estos espacios, no es la superación del autoritarismo, sino su forma renovada. Y aceptar esa continuidad, pactarla, administrarla o justificarla es, nuevamente, una forma de traición."
Porque con el fascismo —con sus doctrinas, con sus estructuras, con sus continuidades coloniales y represivas— "no se negocia".
Negociar con él es perpetuarlo.
Negociar con él es traicionar la lucha que buscó derrotarlo.
Negociar con él es renunciar a la posibilidad de una transformación real.