Permitir la instalación de un cable submarino entre Chile y China no constituye un simple acuerdo técnico: es un acto de transferencia de soberanía. Supone desplazar la dependencia estructural —hoy bajo la bota de los Estados Unidos— hacia otra potencia que, al igual que todas las grandes potencias, ha demostrado en múltiples escenarios que su infraestructura digital opera como extensión de sus intereses estratégicos. Autorizar ese cable equivale a abrir un corredor permanente para que China acceda, observe y eventualmente module los flujos informáticos de América Latina, una región ya entrelazada por satélites y cables con sus países vecinos. No estamos ante un avance tecnológico, sino ante un reordenamiento geopolítico de largo alcance.
La historia ofrece precedentes elocuentes. En 1982, mientras ejercía como director del diario *El Siglo* (versión en inglés), llegó a mis manos un documento secreto del gobierno canadiense, que publiqué íntegramente. A pesar del boicot internacional al régimen de Pinochet, Canadá instalaba terminales marinos en las aguas profundas frente a las costas chilenas. Su propósito no era comercial ni científico: eran dispositivos destinados a detectar el movimiento de buques y, en particular, a rastrear submarinos rusos en el Pacífico. Chile ya había sido utilizado como plataforma silenciosa para operaciones estratégicas de potencias extranjeras. Nada nuevo bajo el sol: solo cambia el actor, no la lógica.
En el marco de lo que hoy se denomina neocolonialismo digital, Chile —con la colaboración entusiasta de la socialdemocracia— se consolidó como la primera república bananera digital del continente. La infraestructura que captura, procesa y almacena datos —el nuevo oro del siglo XXI— permanece bajo la tutela casi exclusiva de Estados Unidos y de conglomerados tecnológicos como IBM, Microsoft, Intel, Nvidia y otros actores igualmente hegemónicos. La soberanía tecnológica, tan celebrada en discursos y tan ausente en la práctica, se ha convertido en un mantra vacío que encubre la continuidad de la subordinación.
En este escenario, la disputa entre derecha e izquierda adquiere un carácter casi litúrgico: un ritual ideológico que no altera en lo más mínimo el rumbo efectivo del país. Las trincheras partidarias se entretienen en sus propias querellas mientras la arquitectura digital de la nación responde a centros de poder que no están —ni estarán— en Santiago. China puede reclamar lo que quiera, pero Estados Unidos no cederá fácilmente un territorio estratégico que considera parte de su esfera de influencia.
Hoy, la historia se repite con un actor distinto y con un alcance infinitamente mayor. Un cable submarino no es un tubo de fibra óptica: es una arteria por la que circula información crítica, datos sensibles, comunicaciones gubernamentales, actividad financiera y, en última instancia, la capacidad de un país para decidir por sí mismo. Ceder ese control equivale a entregar el pulso digital de la región a un Estado que integra su infraestructura civil con sus intereses militares y de inteligencia.
La pregunta no es si Chile puede instalar ese cable, sino si Estados Unidos está dispuesto a asumir las consecuencias de que otra potencia —esta vez China— tenga acceso privilegiado a la columna vertebral informacional de América Latina. La experiencia histórica demuestra que, una vez cedido ese espacio, recuperarlo es casi imposible. Y, sin embargo, el país avanza hacia ese abismo con la misma docilidad con que antes entregó sus recursos naturales, sus mares y su cielo.